El blog de MCarmen CB

Boletín 91

El Seprona alerta a la Fiscalía de Medio Ambiente de cómo el opaco sector de las peñas
gallísticas infringe la normativa que solo permite la tienta para la selección de la raza.
Resumen de un informe de Jorge Garret, periodista, publicado en Diario de Cádiz

A principios de la última década, cuando la
Junta de Andalucía elaboraba su Ley de
Protección Animal, la Federación Andaluza de
Defensores del Gallo Combatiente Español
(Fadgce) consiguió que la Administración
reconociese la necesidad de fomentar la cría de
esta especie autóctona. La Ley 11/2003, vigente
hoy, concedió soporte legal a la riña de gallos
siempre que se cumplieran dos condicionantes:
que su objetivo sea la mejora de la raza y su
exportación, y que se realicen en criaderos
autorizados con la única asistencia de sus
socios. Por eso Andalucía es, junto a Canarias,
la única comunidad en la que se siguen
celebrando peleas de gallos, una actividad que
apenas cuenta con proyección pública pero cuyo
seguimiento es extraordinario: la Fadgce
presume de sumar 28.000 socios; 9.000 de ellos
solo en Cádiz, donde hay 22 peñas en otros
tantos municipios.
La normativa, que se terminó de configurar con
una resolución de 2004, establece que las riñas
no pueden tener la consideración de espectáculo
público o actividad recreativa. Y los galleros se
aferran a este fundamento para mantener una
opacidad total en las peleas. La Federación
Andaluza no admite la presencia de medios de
comunicación en los reñideros y esquiva
peticiones como la formulada por Diario de Cádiz
esgrimiendo su temor a que se dé una "mala
imagen" de lo que allí ocurre y que no se valore
la "pasión y respeto" que los criadores profesan a
las aves, en palabras del presidente de la
Federación, Basilio Angulo.
Pero hay otra forma de conocer lo que ocurre
en las tientas a través de la experiencia del
Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil, que se encarga de la supervisión
de este sector. El Seprona critica abiertamente la
ambigüedad de la normativa redactada en 2004
y denuncia numerosas irregularidades en los
reñideros al tiempo que admite su incapacidad
para dar caza, en la mayor parte de los casos, a
los infractores.
La unidad de la Benemérita describe un
escenario en el que las apuestas son "cuantiosas
y generalizadas", donde se provoca un
sufrimiento "no justificado" a los gallos sin control
veterinario y cuyo objetivo está más dirigido al
negocio que a la selección de la raza, tal y como
establece la normativa.